Reactivan la investigación por las ejecuciones sumarias en la recuperación del cuartel
Imagenes de la brutalidad militar
José A. Díaz se rinde ante un comando del ejército. Aún se encuentra desaparecido
Pablo Ramos, es detenido con vida. Luego fue ejecutado sumariamente.
Carlos Samojedny se encuentra desaparecido.
\"Alfonsín se fue de ahí con bastante olor a muerto\". Víctor Budge, fotógrafo presidencial.
Fernando Tocco
La presidenta Cristina Fernández aceptó el pedido realizado por juez federal German Castelli, para desclasificar la información de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), y el relevamiento de guardar silencio de todos los agentes involucrados en la represión. Nuevos testimonios ratifican las denuncias de los familiares de las víctimas, comprobabas por la CIDH.
El 18 de noviembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) condenó al Estado argentino por torturas, asesinato de prisioneros y desapariciones ocurridas durante la represión al copamiento del cuartel de La Tablada. El gobierno, de Carlos Saúl Menem, tenia un plazo de un mes para poner en marcha una investigación “imparcial y sancionar a los responsables”. 11 años después del informe, y a casi 20 de los hechos, el juez federal de Morón, Germán Castelli, decidió reactivar la investigación.
El decreto 1578, publicado ayer en el Boletín Oficial autorizó al juez Castelli a tener "acceso irrestricto" a los documentos de inteligencia relacionados con la causa, lo que le da un nuevo impulso a la labor del Juzgado No 1 de Morón, que por el momento se abocaba a la búsqueda de prueba documental, fundamentalmente fotos y videos de la cobertura periodística de los hechos.
La mañana de 23 de enero de 1989, un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) tomó por asalto el Regimiento de Infantería Mecanizada numero III de La Tablada para frenar, como denunciaron oportunamente, un nuevo golpe de Estado.
Por aquellos años, la amenaza carapintada aún acechaba al proceso democrático iniciado en 1983, y que se encontraba fuertemente debilitado por las presiones de grupos golpistas en el Ejército en connivencia con sectores políticos vinculados a un naciente menemismo, como más tarde reconoció uno de los militares que encabezó los alzamientos contra el gobierno de Raúl Alfonsín, Mohamed Alí Seineldín.
“Yo escuché como torturaban a Iván Ruiz y a José Alejandro Díaz, dos miembros del MTP”, sostiene el sargento retirado Alberto Almada, que cumplió tareas como operador de comunicaciones en el puesto de comando principal, desde donde se impartían las órdenes al resto de las unidades. “Los gritos eran desgarradores, imploraban por sus vidas”, recordó Almada que hoy cuenta con una custodia policial las 24 horas del día, a raíz de diversas amenazas que recibió después de su declaración ante la Justicia.
La detención con vida de Ruiz y Díaz quedó documentada en la cobertura foto periodística de la época. Se los ve desarmados y bajo custodia militar. Sin embargo, sus nombres hacen parte de la lista de las 9 ejecuciones sumarias comprobadas por la CIDH.
Recién en el 2000, científicos del Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand lograron identificar el cuerpo de Ruiz que había sido enterrado irregularmente, por orden judicial, junto a otros 5 cuerpos sin identificar y sin las pericias necesarias para determinar la causa de su muerte. Su compañero aún se encuentra desaparecido.
El abogado de las víctimas, Rodolfo Yanzón, solicitó el llamado a indagatoria al general Alfredo Arrillaga, que comandó la recuperación del cuartel, y al en ese entonces, mayor Jorge Varando, que tenía a su cargo la custodia Díaz y Ruiz.
Los dos militares cuentan con frondosas denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Arrillaga se encuentra detenido por ser uno de los responsables de la desaparición de 5 abogados defensores de presos políticos, en la llamada “Noche de las Corbatas”. Por su parte, Varando además de las imputaciones por su desempeño en el Destacamento 103 de Inteligencia del Ejercito, fue jefe de seguridad del banco HSBC durante el 19 y 20 de diciembre de 2001, y es uno de los procesados por el asesinato de Gustavo Benedetto, que murió con un balazo en la cabeza proveniente desde el banco durante la movilización.
Yanzón, también exige una sanción penal para quien estuvo a cargo de la causa durante los sucesos. “El juez Gerardo Larrambebere solo investigó lo que el Ejército quiso, desestimó nuestras denuncias y otorgó impunidad a los homicidas y torturadores”, sentenció. Actualmente, Larrambebere es uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal numero 3 de la ciudad de Buenos Aires y tuvo a su cargo la investigación por el atentado a la Amia.
Otros de los testimonios con que cuenta el juez Castelli es el del ex miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército, Juan Alberto Imbessi, que se encargó de trasladar al comando radioeléctrico de Lanús a otro de los desaparecidos del MTP. Según Imbessi, Carlos Samojedny estaba con vida y custodiado por personal policial, que lo tenía en un Ford Falcón gris fuera del cuartel.
En La Tablada no hubo concesiones, al rededor de 3500 efectivos participaron de la recuperación del cuartel, lo que superaba en una proporción de 80 a 1 a las fuerzas incursoras, a pesar de que la doctrina militar afirma que basta con una superioridad de 5 a 1 para doblegar a un enemigo. Además, se utilizó artillería antiaérea, jamás se intimó la rendición de los miembros del MTP y se denunció la utilización de bombas de fósforo blanco, prohibidas por al Convención de Ginebra.
Un enorme orgullo "la tablada", no sólo para mi si no para el pueblo argentino, hoy podemos contar que la democracia, gracias a estos compañeros, empezó en el 83. Esperemos que esta apertura de archivo sirva para acercanos un poco más a la verdad y de una buena vez hablar de que se frenó un golpe de estado. Me gustaría contactarme con ustedes les dejo mi mail. Pablo
Esperando Justicia para los compañeros que perdieron la vida en Tablada, para los que soportaron años, una cárcel injusta y para los familiares que aguantaron los atropellos de la nefasta
(in)justicia argentina, esperando que una vez por todas en la Argentina no se condene a los revolucionarios.
Yo denunciè.. | Por Josè Alberto Almada | 11/11/2008 12:11
Hola Chicos; yò fuì quièn denunciò las aberraciones cometidas por los mandos del Ejèrcito en esa oportunidad; yò era SOL-DADO de mi Repùblica, actuè dentro de un marco de racionalidad, cordura y justicia no solo como agente del Estado, sino como ciudadano Argentino; obrè en la plenitud de mis deberes y obligaciones republicanas en pleno estado de Derecho. Pèro el Estado Argentino me Diò las Espaldas, fui aniquilado, no sòlo por los mandos militares (mis jefes), sino por las autoridades democraticas (¿que paradoja nò?). Confio en la Justicia y en la Verdad..Gracias por leer mi reflexiòn..Atte
hola espero que todos lo que saben sobre este documento real..se desengañen..soy el hijo de jose a diaz..y espero despertar de este sueño malo creado por el mismo hombre, para su lucro y el de sus mas cercanos, olvidándose de los otros,,espero que este en le mismisimo infierno... el pelado..que viva 23/01/89 y viva mi padre hasta siempre viejo...
espero que los demás familiares podamos contactarnos sin ningún miedo y ninguna barrera..que mas miedo que pasar sin mi padre y ninguna protección de nadie en un país que me quede solo..les mando mi correo diaz226@msn.com